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La Comisión Europea, desde su sede en Bruselas, ha decidido que a partir del 2035 se prohibirá la comercialización de nuevos automóviles y furgonetas con motores a combustión. Una medida que también alcanzará a los sistemas híbridos. Esto implica que en menos de 15 años solo se permitirá en ese continente la producción de autos impulsados por energía eléctrica o hidrógeno, lo que tendrá un impacto decisivo en la industria global de vehículos.

Esta propuesta legislativa deriva de un fuerte compromiso de la Unión Europea por reducir drásticamente las emisiones de CO2 en todos los niveles de la producción y apoyar el uso de energías renovables durante la próxima década para, de esta manera, contribuir a la lucha contra el cambio climático y el efecto invernadero.

En cuanto al transporte, se espera que para 2030 los vehículos nuevos emitan un 55% menos de este gas (tomando como referencia las emisiones actuales), mientras que para 2035 la prohibición será total. Se calcula que para 2050 la renovación del parque automotor hará desaparecer las emisiones de carbono por completo. El plan también tiene el objetivo de duplicar la producción de energías renovables hasta alcanzar el 40% de cuota en 2030.

En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable, buenos empleos y un crecimiento que no dañe a la naturaleza. Las metas climáticas ya no son solo un objetivo político, sino también una obligación legal”.

En lo que refiere al sector automotriz, las medidas establecen una etapa intermedia en 2030, donde se obliga a los fabricantes a que exista un 55% menos de contaminación con carbono con respecto al día de hoy entre el total de nuevos automóviles y furgonetas vendidos. Este porcentaje deberá ser del 100% para el 2035. Junto a ello, se reformará el esquema de impuestos para penalizar los combustibles con mayores emisiones ocasionando que la gasolina, el diésel, el gas o el kerosene aumenten a futuro su valor.

El plan de transición energética necesitará también de un fuerte apoyo económico. Para ello, en Bruselas prevén un fondo social de 72.000 millones de euros en el período 2025-2032 para reducir el impacto que el encarecimiento de la energía pueda tener entre los ciudadanos.

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